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Sentencia a aparejadores.

La titular del Juzgado de lo Penal número 17 de Barcelona ha condenado a 3 años de cárcel a cada uno de los dos aparejadores juzgados por la muerte de un trabajador en un derribo, en el que también resultó gravemente enfermo otro de los operarios.

La magistrada ha condenado a Elías Pardo Herrera y a Joaquín Camprubí Vendrell por sendos delitos de homicidio imprudente y lesiones por imprudencia a una pena de 3 años de cárcel y a cuatro años y medio de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

El accidente ocurrió el 3 de julio de 2000 mientras los trabajadores de la empresa de derribos Europea de Derribos S.L., participaban en las tareas de derribo de un edificio, un inmueble situado en la confluencia entre las calles Gran Via y Roger de Llúria de Barcelona, propiedad de la promotora inmobiliaria Sercaya S.L.

Esta promotora contrató a la empresa Bouygues Construcción España S.A. para la rehabilitación del edificio y a su vez, esta empresa concertó los servicios del acusado Elías P.H., arquitecto técnico para "coordinar la seguridad de las obra en la fase de ejecución y sostenimiento de la fachada", según señala la sentencia.

Como el proyecto incluía la rehabilitación de la fachada y el derribo del edificio, la empresa constructora subcontrató a una empresa de derribos, Europea de Derribos S.L. para que se encargase de la demolición del interior del inmueble. El otro acusado, Joaquín Camprubí Vendrell, como aparejador de la empresa de derribos, asumió el control de la seguridad de esa parte de la obra de rehabilitación.

Por lo tanto, el proyecto contaba con dos planes de seguridad correspondientes a las obras de la rehabilitación de la fachada y al derribo respectivamente. El plan de seguridad del derribo contemplaba una serie de medidas, como la supervisión directa de un técnico titulado, la utilización de cinturones de seguridad y limitar a 100 kilos por metro cuadrado la acumulación de escombros.

Según la sentencia, las medidas de seguridad fueron incumplidas una a una, generando un entorno de riesgo máximo que propició el derrumbamiento del edificio. El 3 de julio de 2000, en las condiciones de peligrosidad laboral descritas, se encontraban trabajando Daniel Alcalá Medina, de 25 años y Fernando Andilla Carbo, de 35, cuando de repente, el edificio se vino abajo.

El más joven de los trabajadores perdió la vida en el derrumbamiento y el otro sufrió graves lesiones, especialmente en el rostro y en las extremidades. Tardó siete meses en curarse y le quedaron secuelas físicas y psíquicas, desarrollando un trastorno orgánico de la personalidad que le incapacita para todo trabajo.

Durante el juicio, los dos acusados negaron su responsabilidad en el accidente. El acusado Elias P.H. reiteró que no estaba bajo su responsabilidad la seguridad de toda la obra sino que su responsabilidad se limitaba a "coordinar los diferentes trabajos entre las empresas que participaban en el mismo" y que la seguridad del derribo era exclusivamente del otro acusado.

Por su parte, el acusado Joaquin C.V. aseguró que las obras de derribo cumplían el plan de seguridad y desvió la responsabilidad hacia el otro acusado señalando que la causa del accidente a las tareas de apuntalamiento de la fachada que debilitaron las paredes del edificio.

La sentencia puntualiza que se trata de hechos "con relevancia penal" puesto que fueron ocasionados por "una conducta omisiva por imprudencia grave" imputable a los acusados.

Según la magistrada, "los arquitectos técnicos estaban encargados directamente de la seguridad de la obra en cuestión" y añade que "en este caso, el presente criterio jurisprudencia no ofrece resquicio de duda alguna siendo claro y unánime".

La juez ha aplicado una sentencia ciertamente rigurosa que implica el ingreso en prisión de ambos acusados pese a haber reparado económicamente a la familia del fallecido y al trabajador herido.

01/07/2004 - Europa Press